Aumento del salario mínimo para 2026 divide al país: gremios alertan riesgos y sindicatos celebran
El ingreso mensual llegará a $2 millones con auxilio de transporte, tras un incremento del 23,7 % decretado por el Gobierno.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del salario mínimo para 2026 desató un intenso debate en Colombia. El ajuste, que alcanza el 23,7 % al incluir el subsidio de transporte, lleva el ingreso mensual de los trabajadores a $2 millones, una cifra que fue celebrada por las centrales obreras, pero duramente cuestionada por empresarios y gremios económicos.
Con el decreto, el salario básico pasó de $1.423.500 a $1.750.905, y al sumarse el auxilio de transporte de $249.095, se completa el monto anunciado por el Gobierno. Mientras los sindicatos consideran la medida como una reivindicación histórica, los sectores productivos advierten un impacto negativo en inflación, empleo y competitividad.
Desde Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal calificó la mesa de concertación como una “farsa” y aseguró que la decisión ya estaba tomada desde el inicio, sin considerar criterios técnicos ni de productividad. A su juicio, imponer un aumento de esta magnitud puede traducirse en mayor desempleo, informalidad y encarecimiento del costo de vida.
Una postura similar expresó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien señaló que el incremento tendrá efectos inflacionarios y afectará especialmente a los hogares más vulnerables. Según indicó, las pequeñas y microempresas enfrentarán mayores dificultades para sostener el empleo formal, lo que aumentará la informalidad y reducirá la competitividad.
La Cámara Colombo Americana (AmChamCol) también expresó su preocupación. Su presidenta, María Claudia Lacouture, advirtió que no todos los trabajadores recibirán el aumento y que más de 10 millones de personas que ganan menos del mínimo no verán mejoras en sus ingresos, pero sí enfrentarán precios más altos en alimentos, transporte y servicios. Para el gremio, el impacto representa un “riesgo serio para los trabajadores y la estabilidad económica”.
Desde el sector constructor, Camacol alertó que el alza podría elevar hasta en un 10 % el precio de la vivienda de interés social (VIS), debido a que estos inmuebles están indexados al salario mínimo. Además, estimó que los costos de construcción podrían aumentar cerca de un 4 %, presionando aún más los precios finales.
Asobancaria, por su parte, sostuvo que el incremento afectará a los más vulnerables, encarecerá el crédito y generará presiones inflacionarias. Su presidente, Jonathan Malagón, señaló que cada punto porcentual de aumento por encima de criterios técnicos podría sumar entre 10 y 16 puntos básicos a la inflación.
Otros sectores, como el turismo, también manifestaron inquietud. Anato advirtió que el aumento rompe la planeación financiera de las empresas del sector, afecta la competitividad del turismo receptivo y pone en riesgo el empleo formal, especialmente en las mipymes.
En contraste, las centrales obreras celebraron la decisión del Gobierno. Fabio Arias, presidente de la CUT, afirmó que los trabajadores “están de fiesta” y calificó el incremento como una reivindicación histórica. Además, destacó el respaldo de estudios de la OIT como sustento legal y constitucional del decreto.
En la misma línea, Percy Oyola, presidente de la CGT, consideró el aumento como un avance en justicia social, resaltando que se da en un contexto de baja tasa de desempleo e inflación controlada. Finalmente, UTRADEC-CGT afirmó que la medida es fruto de la lucha sindical por trabajo digno y equidad social.
El incremento salarial para 2026, aunque significativo, deja al país dividido entre quienes lo ven como un motor de justicia social y quienes advierten que podría convertirse en un factor de presión económica para millones de colombianos.
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